La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por unanimidad, invalidar el informe emitido por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero que señalaba a Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, por un probable daño al erario público debido a la falta de comprobación del destino de 898 millones de pesos provenientes de aportaciones federales.
Esta decisión se concretó tras la presentación del proyecto por parte del ministro Arístides Guerrero García, quien sostuvo que la revisión de recursos federales corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y no a instancias estatales. En mayo de 2025, el ayuntamiento de Acapulco interpuso una controversia constitucional contra la Auditoría Superior de Guerrero, luego de que esta emitiera un informe con diez promociones de responsabilidad administrativa y un pliego de observaciones contra López Rodríguez por presunta opacidad en el manejo de recursos entregados en 2023.
La alcaldesa con licencia, militante de Morena, argumentó en su demanda que la solicitud de información para conocer el destino de los 898 millones de pesos constituye un acto de molestia que vulnera la libre administración de recursos y la autonomía hacendaria del municipio. Por su parte, la Auditoría Superior de Guerrero defendió su facultad para fiscalizar la hacienda municipal y el manejo de los recursos públicos.
No obstante, el ministro ponente enfatizó que las aportaciones federales, entregadas a través de fondos, mantienen su naturaleza federal, por lo que la fiscalización debe ser competencia exclusiva de la ASF. Con esta resolución, la SCJN dejó sin efectos los informes de la Auditoría Superior de Guerrero sobre el gobierno de López Rodríguez, quien solicitó licencia para buscar la candidatura a gobernadora del estado.
Este fallo refleja una tensión histórica entre la autonomía municipal y la fiscalización estatal, en un contexto donde la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos son fundamentales para combatir la desigualdad y fortalecer la justicia social. La decisión también subraya la necesidad de mecanismos claros y efectivos para la supervisión de fondos federales, que deben garantizarse en beneficio de las comunidades y no quedar atrapados en disputas burocráticas que obstaculizan la rendición de cuentas.
