El ex regidor de Morena y ex asesor legislativo, Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, fue detenido por agredir físicamente a su esposa, Celia Carolina Valadez Beltrán, quien actualmente se desempeña como regidora morenista en el ayuntamiento de Guanajuato.
La Secretaría de Seguridad municipal informó que el arresto ocurrió tras recibir un reporte en la colonia La Venada, donde un hombre estaba golpeando a su esposa dentro de un vehículo. Al llegar al lugar, los oficiales escucharon a un menor de edad gritar que su padre estaba agrediendo a su madre. Además, alrededor de diez personas se congregaron para denunciar la agresión.
Al solicitar a la pareja que descendiera del automóvil, la regidora manifestó no requerir atención médica. Sin embargo, el ex regidor mostró una actitud agresiva hacia los oficiales, quienes procedieron a su aseguramiento. Posteriormente, Celia Carolina y el menor fueron canalizados al área de trabajo social para ser remitidos ante el Ministerio Público.
Este episodio se suma a un historial cuestionable de Aguayo Arredondo. El 27 de marzo de 2025, el Congreso de Guanajuato emitió un exhorto al Instituto Nacional Electoral para revisar su candidatura a magistrado por el Décimo Sexto Circuito, debido a que fue juzgado por un fraude de 237 mil pesos en perjuicio del Poder Legislativo.
Durante la legislatura 2015-2018, cuando fue asesor del primer diputado de Morena en Guanajuato, Alejandro Landeros, Aguayo Arredondo utilizó su posición para desviar recursos públicos mediante facturas y firmas falsas. Según denunciaron diputados del PAN, creó empresas fantasma y registró ilegalmente a ex compañeros universitarios para emitir facturas falsas y saquear fondos del Congreso estatal.
En un intento por evadir la justicia, ofreció 50 mil pesos al Congreso local para silenciar el caso, oferta que fue rechazada. El juicio concluyó el 16 de marzo de 2022 con un acuerdo reparatorio en el que se comprometió a devolver 273 mil pesos en cuatro pagos.
Este caso pone en evidencia la persistencia de prácticas corruptas y la violencia que afectan a las mujeres, incluso dentro de las filas de quienes deberían representar un cambio social. La justicia debe actuar con firmeza para proteger los derechos colectivos y garantizar la igualdad, especialmente en espacios políticos donde la lucha histórica por la dignidad y la seguridad de las mujeres sigue siendo una deuda pendiente.
