A una semana del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles 1 de julio de 2026 el decreto de duelo nacional por siete días, a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT) de ese mismo día.
En un mensaje difundido a través de la plataforma Telegram, Rodríguez expresó su solidaridad con las familias afectadas y reafirmó el compromiso del gobierno para acompañar y proteger a quienes sufren esta tragedia. “Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos”, señaló la mandataria, elevando sus oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas, aunque sin precisar la cifra exacta de desaparecidos.
Los sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, ocurrieron el miércoles anterior y afectaron principalmente al estado La Guaira, cercano a Caracas. Según el último balance oficial del martes 30 de junio, el saldo fatal asciende a mil 943 personas fallecidas y al menos 10 mil 571 heridos.
En respuesta a la emergencia, un total de 80 mil 870 familias han recibido atención, mientras que en la zona de desastre laboran 3 mil 660 rescatistas extranjeros, apoyados por 148 perros especializados, 49 vehículos y 26 mil 121 efectivos venezolanos. Además, 15 mil 467 personas se han registrado como voluntarios para labores de rescate.
El impacto económico preliminar, basado en una evaluación satelital del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estima daños en viviendas, vehículos, edificios y comercios por un valor aproximado de 6 mil 700 millones de dólares.
En un acto de solidaridad internacional, un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española partió el miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña. Este centro médico temporal se dedicará a la atención primaria de emergencia, apoyo psicológico, procedimientos quirúrgicos y partos, contribuyendo a mitigar la crisis sanitaria derivada del desastre.
Este episodio pone en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades frente a desastres naturales y la urgente necesidad de fortalecer sistemas públicos de protección civil y atención social, en un país que enfrenta profundas desigualdades y limitaciones estructurales. La respuesta colectiva y la cooperación internacional son indispensables para aliviar el sufrimiento y reconstruir con justicia social.
