El anuncio reciente de la construcción de una planta geotérmica en Puebla, hecho por Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha abierto un debate necesario sobre los beneficios y riesgos que este megaproyecto podría implicar para la región. La planta, proyectada para entrar en operación hacia el año 2030, busca aprovechar el calor del subsuelo para generar energía eléctrica continua y considerada limpia, lo que posicionaría a Puebla como un actor relevante en la transición hacia energías renovables estratégicas para México.
Este tipo de proyectos, enmarcados en la lucha histórica por un desarrollo sustentable y justo, representan una oportunidad para reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar en la democratización del acceso a la energía. Sin embargo, especialistas y voces críticas han señalado que la perforación y reinyección de fluidos en el subsuelo puede inducir actividad sísmica, un riesgo que no debe ser subestimado en una región con características geológicas sensibles.
Además, se advierte sobre el posible impacto en acuíferos subterráneos, debido al uso intensivo de agua en el proceso de extracción de calor, así como la liberación de gases naturales atrapados bajo tierra durante la perforación. También preocupa la alteración del entorno geológico local, especialmente en zonas cercanas a fallas tectónicas o actividad volcánica.
Aunque la CFE ha desarrollado proyectos geotérmicos en otras regiones del país con resultados operativos estables, el caso de Puebla exige una evaluación rigurosa que garantice la seguridad ambiental y social, sin sacrificar la necesidad urgente de energías limpias. Este equilibrio es fundamental para que el progreso industrial no se traduzca en nuevas formas de desigualdad ni en daños irreversibles a los territorios.
El proyecto, aún en fase de proyección rumbo a 2030, ya ha comenzado a generar conversación sobre la responsabilidad del Estado y la sociedad en la construcción de un futuro energético que priorice el bienestar colectivo y la justicia ambiental. En este contexto, el impulso a sistemas de transporte sustentable como el cablebús en Puebla se presenta como una alternativa complementaria que puede contribuir a una movilidad más equitativa y menos contaminante, alineada con los objetivos de justicia social y ambiental que demanda nuestra época.
