La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE) inició una investigación formal por actos de tortura cometidos presuntamente por elementos de la policía municipal de Coquimatlán contra un detenido. Los hechos se hicieron públicos a través de un video difundido por la página “Alerta Coquimatlán”, en el que se observa a una persona con las manos atadas a la espalda mientras dos policías llevan a cabo prácticas de tortura.
La CDHE confirmó la autenticidad del material audiovisual y levantó la queja CDHE/1V/139/2026, la cual fue notificada oficialmente al Ayuntamiento de Coquimatlán. Este último tiene un plazo de 24 horas, es decir, hasta este viernes 26 de junio de 2026, para entregar un informe detallado sobre lo ocurrido.
En un comunicado, la Comisión enfatizó que la tortura es una práctica repudiable que debe ser combatida con rigor, sancionando a los responsables y erradicándola de la función pública. “No hay espacio para la tortura en un estado que se precie de ser democrático y no debe haber espacio en la función pública para torturadores”, subrayó la CDHE.
Por su parte, el Ayuntamiento de Coquimatlán emitió un posicionamiento en sus redes sociales en el que aseguró que los policías involucrados serán investigados y enfrentarán las consecuencias jurídicas y administrativas correspondientes. “En esta administración no seremos omisos ante ninguna conducta que pudiera contravenir la ley, los reglamentos o los principios que deben regir el servicio público”, afirmó.
Asimismo, el gobierno municipal reiteró su compromiso con la responsabilidad, la transparencia y el estricto apego al marco legal, garantizando que cualquier conducta indebida será atendida conforme a derecho y respetando en todo momento el debido proceso. También refrendó su compromiso permanente con la protección y el respeto de los derechos humanos, velando por la dignidad, integridad y garantías de todas las personas.
Este caso pone en evidencia la persistencia de prácticas autoritarias y violatorias de derechos fundamentales en cuerpos policiacos, lo que demanda una respuesta firme y ejemplarizante para avanzar hacia una sociedad más justa y respetuosa de la dignidad humana. En un país marcado por la desigualdad y la impunidad, la vigilancia ciudadana y la actuación decidida de las instituciones son indispensables para erradicar la tortura y fortalecer el Estado de derecho.
