En la conferencia de prensa celebrada este viernes 26 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó dos asuntos de gran relevancia para la comunidad LGBTQI+: la prohibición del acceso de la Marcha del Orgullo al Zócalo capitalino y la supuesta represión policial contra un plantón de colectivos trans frente a la Secretaría de Gobernación (Segob).
Sheinbaum aclaró que la negativa para que la Marcha del Orgullo se concentre en el Zócalo, espacio histórico para las movilizaciones sociales, se debe a la realización de un evento deportivo nacional programado para este fin de semana, específicamente el sábado 27 de junio. La mandataria enfatizó que esta medida es excepcional y no implica una postura de exclusión hacia los derechos de la comunidad LGBTQI+.
Respecto al plantón instalado el pasado martes 23 de junio por el colectivo trans Lleca, encabezado por Victoria Sámano, la presidenta negó que se haya ejercido represión. Afirmó que integrantes de la Secretaría de Gobernación han atendido a las manifestantes, aunque no de manera directa por parte de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, debido a su carga de trabajo. “Sí han sido atendidos por la Secretaría de Gobernación, las subsecretarías que corresponden”, aseguró.
Ante la pregunta de una reportera trans sobre la respuesta oficial a los colectivos, Sheinbaum utilizó pronombres masculinos, lo que generó críticas y acusaciones de transfobia. Sin embargo, la presidenta reiteró su compromiso con la inclusión y el reconocimiento de derechos, señalando que su gobierno promueve una visión de apertura y respeto hacia la diversidad.
En este sentido, Sheinbaum subrayó que la discriminación sistemática proviene principalmente de sectores conservadores y de ultraderecha, quienes, dijo, “visualizan a las personas de una sola manera y no tienen visiones de inclusión y de diversidad”. Con esta distinción, la mandataria reafirmó la diferencia entre su proyecto político y la oposición, enfatizando que su administración busca la inclusión y la no discriminación en la medida de las posibilidades presupuestales.
Finalmente, la presidenta concluyó que, aunque existen limitaciones económicas para ampliar nuevas garantías, su gobierno mantiene el compromiso con la justicia social y el reconocimiento pleno de los derechos de todas las personas, en especial de aquellas históricamente marginadas y vulnerables. Esta postura es fundamental para avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa, donde el respeto a la diversidad sea un principio irrenunciable.
