Este martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo crucial al rechazar la orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, que pretendía restringir el acceso automático a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancias temporales en el país.
Con una votación de seis magistrados contra tres, la máxima instancia judicial reafirmó la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda, vigente desde finales del siglo XIX, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Este derecho, conocido como “jus soli” o derecho de suelo, representa un pilar fundamental para la inclusión y la igualdad en una nación construida por migrantes.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, destacó en el dictamen mayoritario que “la ciudadanía, tanto antes como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Hoy mantenemos esa promesa”.
Entre los jueces que votaron en contra de la orden ejecutiva se contó Brett Kavanaugh, quien aunque es considerado conservador, fundamentó su voto en una ley federal y no en la Constitución. La decisión mantiene vigente la jurisprudencia que protege a los hijos de inmigrantes, salvo excepciones específicas como los hijos de diplomáticos extranjeros.
La orden ejecutiva de Trump, firmada en su primer día de regreso a la Casa Blanca, buscaba limitar la ciudadanía automática solo a hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, excluyendo a los hijos de inmigrantes sin estatus legal o con visas temporales. De haberse implementado, esta medida habría afectado a cerca de 250 mil bebés anualmente y habría impuesto cargas adicionales a millones de familias para demostrar la ciudadanía de sus hijos.
Sin embargo, la orden nunca entró en vigor debido a bloqueos judiciales previos, y con esta reciente resolución, se reafirma un derecho fundamental que protege a las generaciones nacidas en suelo estadounidense, evitando la precarización y exclusión de amplios sectores sociales.
Este fallo es un recordatorio de la importancia de defender los derechos colectivos frente a políticas que, bajo el pretexto de la seguridad o el control migratorio, profundizan la desigualdad y la fragmentación social. En un contexto global donde la movilidad humana es una constante, preservar la ciudadanía por nacimiento es un acto de justicia social y reconocimiento de la dignidad humana.
