La noche del martes 30 de junio de 2026, un ataque armado en la cancha de usos múltiples del barrio Rancho Nuevo, en el municipio de Yautepec, Morelos, dejó un saldo de tres personas muertas y nueve más heridas mientras un grupo de vecinos observaba el partido de futbol entre México y Ecuador, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Entre las víctimas fatales, dos mujeres y un hombre, se encuentra una niña de ocho años, quien falleció en el traslado a un hospital, así como Miguel Ángel Tijera, asistente del diputado federal Agustín Alonso, según fuentes extraoficiales. Entre los lesionados también hay menores de edad.
La FGE activó los protocolos legales correspondientes y señaló que peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales realizan los procedimientos técnico-legales en torno a los cuerpos de dos mujeres y un hombre, dos de ellos localizados en el sitio y uno en un hospital.
Por la muerte de las dos mujeres, la fiscalía informó que las investigaciones se llevarán a cabo conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio, y aseguró que agotará todas las líneas de investigación para deslindar responsabilidades.
Entre los heridos, según fuentes extraoficiales, se encuentra Sandra Fernández, aspirante a la alcaldía de Yautepec y prima de la presidenta del DIF municipal. Fernández habría organizado la reunión para que vecinos del barrio observaran la transmisión del partido y sería esposa de Miguel Ángel Tijera. Hasta el momento, ni la FGE ni el gobierno estatal han informado sobre su estado de salud.
Testigos relataron que los agresores llegaron en una camioneta y una motocicleta, irrumpieron en la cancha y dispararon contra los asistentes antes de huir. No se reportan personas detenidas por estos hechos.
Tras el ataque, elementos de diversas corporaciones de seguridad acordonaron la zona mientras paramédicos atendían a los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales de Cuernavaca y Cuautla.
Este lamentable suceso pone de manifiesto la persistente violencia que afecta a las comunidades populares, vulnerando el derecho a la seguridad y a la convivencia pacífica. En un contexto donde la desigualdad y la impunidad siguen siendo caldo de cultivo para estos actos, es urgente fortalecer políticas públicas que garanticen la protección de los sectores más vulnerables y promuevan la justicia social.
