El lunes 6 de julio de 2026, el régimen de Nicolás Maduro informó que la cifra oficial de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio ascendió a 3,535 personas. Esta actualización representa un incremento respecto al reporte anterior, divulgado el domingo 5 de julio, que contabilizaba 3,342 muertos.
El número de heridos se mantiene en 16,740, según el comunicado oficial. Sin embargo, el gobierno chavista ha evitado referirse a la cantidad de desaparecidos, un dato crucial para dimensionar la tragedia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que podrían ser hasta 50,000 las personas desaparecidas, mientras que otras proyecciones más conservadoras apuntan a cerca de 10,000.
En el estado La Guaira, vecino de Caracas y la región más afectada por el sismo, la búsqueda de cuerpos continúa con la esperanza de brindar un entierro digno a las víctimas, a pesar de la ausencia de apoyo gubernamental efectivo. El domingo 5 de julio, las autoridades comenzaron a sepultar a más de 150 personas no identificadas en el municipio Catia La Mar.
En el cementerio La Esperanza, los espacios destinados a estos cuerpos están marcados con piedras blancas y pequeñas cruces, cada una acompañada por un ramo de flores y una placa que indica “Identificación especial” junto con la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.
Esta tragedia pone en evidencia la persistente desigualdad y la falta de respuesta adecuada por parte del Estado, que históricamente ha dejado a las comunidades más vulnerables sin la protección y el apoyo necesarios ante desastres naturales. La búsqueda de justicia social y la garantía de derechos colectivos, como el acceso a servicios básicos y la dignidad en la muerte, son demandas urgentes que deben ser atendidas con responsabilidad y compromiso.
