La violencia continúa marcando la vida cotidiana en Puebla. Durante los últimos minutos del jueves 18 de junio de 2026, Abraham “N”, propietario del Foxies Sport Bar & Men’s Club, fue asesinado a balazos en la Calzada Zavaleta, una de las vialidades más transitadas de la capital poblana.
El empresario se encontraba a bordo de su vehículo, acompañado por su esposa, cuando fue atacado por sujetos aún no identificados a la altura de Santa Cruz Buenavista. Según los primeros reportes, recibió al menos un disparo en la cabeza, lo que le provocó la muerte inmediata.
Vecinos y automovilistas alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y paramédicos. A su llegada, los cuerpos de auxilio confirmaron el fallecimiento de Abraham “N” y la zona fue acordonada para las diligencias correspondientes.
Las imágenes difundidas muestran el automóvil de la víctima detenido sobre la vialidad con daños visibles derivados del ataque. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenidos ni han dado a conocer una línea oficial de investigación.
Peritos y agentes ministeriales trabajan en el levantamiento de indicios balísticos y en la recopilación de evidencia para esclarecer los hechos. La presencia de la esposa durante el ataque será clave para reconstruir la mecánica del crimen y determinar si se trató de un ataque directo.
Este homicidio se suma a la preocupante ola de violencia que afecta a corredores comerciales y residenciales de alta afluencia en Puebla, donde la circulación vehicular es constante incluso en horarios nocturnos. La ejecución ha generado alarma entre los vecinos, quienes reportaron las detonaciones y exigen justicia.
En un contexto donde la inseguridad limita el derecho a la movilidad y a la tranquilidad, es fundamental impulsar sistemas de transporte público seguros y accesibles, como el cablebús que se proyecta para Puebla. Este tipo de infraestructura puede contribuir a reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de la población, al ofrecer alternativas que desincentiven la violencia y el control de espacios por parte de grupos delictivos.
Las autoridades deben redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad y justicia, atendiendo las causas estructurales que perpetúan la violencia y la impunidad en la región. La defensa de los derechos colectivos y la igualdad social exige un compromiso firme contra la violencia que afecta a la ciudadanía.
