Este martes 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas relacionadas con el robo y tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol, operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre los señalados se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como contador del CJNG y responsable de falsificar documentos aduaneros para facilitar el transporte de combustible robado desde Estados Unidos hacia México. Juraidini Silva está vinculado a diversas empresas, entre ellas Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes y OF Transportes.
El segundo individuo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, quien se dedica a gestionar sobornos para cárteles y organizaciones que controlan la frontera, permitiendo así el traslado del combustible ilícito. Ruiz Villagómez participa en las empresas Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV, las cuales, según el Departamento del Tesoro, han realizado transacciones por decenas de millones de dólares en Estados Unidos con personas vinculadas al CJNG.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que Jomadi Logistics & Cargo es una empresa de importación y exportación involucrada en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Como parte de las sanciones, el gobierno estadounidense ha bloqueado todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades designadas, medida que busca afectar las estructuras financieras que sostienen la violencia y la corrupción generadas por el crimen organizado.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que integró a Óscar Guillermo Juraidini y a Refugio Ruiz en la lista de personas bloqueadas tras un análisis fiscal, financiero y colaborativo, donde se detectaron indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y anomalías en sus ingresos.
Estas acciones representan un avance en la lucha contra las redes criminales que, a través del robo de combustible, profundizan la desigualdad y afectan la seguridad de las comunidades. En un país marcado por la histórica desigualdad y la impunidad, es indispensable fortalecer los mecanismos que desarticulen estas estructuras y promuevan un desarrollo justo y equitativo para todos.
